La seguridad privada en el Perú cumple un rol estratégico en diversos sectores. En estos entornos críticos, la efectividad del servicio no depende solo de la presencia operativa, sino del estricto cumplimiento de la normativa, condición indispensable para generar confianza y garantizar la continuidad de las operaciones de los clientes.
El marco legal vigente está definido por el Reglamento de los Servicios de Seguridad Privada (DS N.° 005-2023-IN). Esta normativa establece los requisitos básicos para que una empresa pueda operar formalmente en el país: licencias de funcionamiento, protocolos de seguridad aprobados y personal debidamente autorizado. Cumplir con estas disposiciones no es un simple trámite administrativo, sino la garantía de que las operaciones están respaldadas por procesos formales, estandarizados y auditables.
La SUCAMEC es la entidad encargada de supervisar y fiscalizar el sector. Según reportes recientes, las infracciones más comunes incluyen operar en locales que no cumplen los requisitos mínimos, destacar personal sin autorización o incumplir los plazos de reporte de personal. Estas faltas pueden ser sancionadas con amonestaciones o multas de hasta 2 UIT en el caso de infracciones leves y de hasta 50 UIT en los casosmuy graves, que incluso pueden derivar en la suspensión o cancelación de la licencia. El verdadero impacto, sin embargo, lo asumen los clientes, que quedan expuestos a riesgos económicos, reputacionales y de continuidad operativa.
Cuando una empresa contrata seguridad privada sin cumplir la normativa, se expone a:
- Sanciones económicas que afectan la rentabilidad.
- Interrupciones en operaciones críticas, con pérdidas millonarias.
- Daño reputacional, al vincularse con proveedores informales.
En este marco, Police Security se consolida como un actor formal y confiable, contribuyendo a una industria que debe ser un aliado estratégico de las empresas para proteger inversiones y garantizar la continuidad operativa en entornos críticos.
El marco legal vigente está definido por el Reglamento de los Servicios de Seguridad Privada (DS N.° 005-2023-IN). Esta normativa establece los requisitos básicos para que una empresa pueda operar formalmente en el país: licencias de funcionamiento, protocolos de seguridad aprobados y personal debidamente autorizado. Cumplir con estas disposiciones no es un simple trámite administrativo, sino la garantía de que las operaciones están respaldadas por procesos formales, estandarizados y auditables.
